El 30 de marzo de 1984 Ramiro salió temprano de su casa. Se montó en su caballo y se fue a cumplir con sus tareas cotidianas. Guillermina, su esposa, no volvió a saber de él hasta la mañana siguiente, cuando sus vecinos le dijeron que el Ejército se lo había llevado.

Por Rafael Alonso Mayo

 

El 30 de marzo de 1984 fue el último día en que Guillermina Valencia vio vivo a su esposo, antes de que el Ejército lo desapareciera. Ella aún guarda muchos recuerdos sobre esa fecha, pero hay uno en particular sobre un hecho que sucedió antes de enterarse de lo que había ocurrido.

Guillermina recuerda lo mucho que significaba Ramiro para su hija, quien para entonces tenía dos años y medio. “Todo lo que ella hacía era para que su papá la viera linda”, dice. “Ese día la organicé muy bonita, le puse un jean, una blusita de tiritas y le hice dos moñitos en el pelo corto, crespito. Ella se pasó toda la tarde mirándose al espejo porque el papá le iba a decir que estaba muy bonita”.

Mientras Guillermina preparaba el almuerzo la niña se le extravió. “Andaba por aquí diciendo que estaba muy linda”, le contestó el abuelo antes de que ambos se dieran cuenta que se había quedado dormida. Lo extraño es que ella nunca hacía siesta en la tarde. A las 4:30 despertó llorando. Lloró toda la tarde, no había quién la contentara, rememora Guillermina. “Ese día la que más sintió lo que le estaban haciendo a él fue la niña. Eso fue algo que nos marcó la vida con su desaparición”.

Ramiro de Jesús Parra había acabado de cumplir 24 años. Con su esposa vivía en la vereda Los Morros, del municipio de Cimitarra, en Santander, aunque solían estar más vinculados a Puerto Berrío. En su pequeña finca tenían ganado y cultivaban maíz, yuca y plátano. “Era una vida muy tranquila, uno vivía muy bueno. En temporada de cosecha él arriaba las mulas”, recuerda.

De Ramiro destaca que era una persona alegre, dinámica y muy colaboradora. Le gustaba ayudarle a la gente del campo, a la acción comunal. También le gustaba jugar fútbol. “Él decía que el deporte era parte de su vida, sacaba tiempo para todo, aparte de la finca”.

La desaparición forzada en Colombia es un delito que han usado todos los actores armados, principalmente los estatales, para eliminar cualquier rastro de enemigos y opositores.

Tiempos difíciles

Año y medio antes de ese trágico día, Ramiro y Guillermina se habían empezado a acercar al Partido Comunista, que ya hacía presencia en el pueblo. Recibían el periódico, los volantes y la información de parte de sus dirigentes. No era una militancia activa pero sí había un interés por el tema, explica Guillermina. Ese interés fue suficiente para que la familia Parra Valencia fuera señalada y perseguida por la fuerza pública y los paramilitares.

Para entonces ya hacía presencia en la zona un grupo de paramilitares que se hacía llamar “Los Masetos”, quienes empezaron a cometer las primeras masacres en el municipio de Puerto Berrío. La persecución contra todo lo que estuviera relacionado con el comunismo era inminente. Un año atrás, en 1983, habían matado a su cuñado Alberto Parra y ni Guillermina ni Ramiro pudieron ir al entierro porque existía el rumor de que si lo hacían podían terminar asesinados. Entonces tomaron la decisión de desplazarse a Barrancabermeja pero ante la incertidumbre y las dificultades para acomodarse al nuevo lugar, cuatro meses después decidieron regresar a su vereda. “Esto por aquí ya está tranquilo”, le dijo su esposo.

El fatídico día

El 30 de marzo Ramiro salió temprano de su casa. Se montó en su caballo y se fue a cumplir con sus tareas cotidianas. Debía ir a recibir a unos visitantes del Fondo Ganadero de Cundinamarca. Guillermina no volvió a saber de él hasta la mañana siguiente, cuando salió a buscarlo, preocupada porque no había llegado en toda la noche. Luego de indagar, unos vecinos le dijeron que el Ejército se lo había llevado. Desde ese momento comenzó una búsqueda que pareció interminable. Guillermina fue hasta el batallón del Ejército pero nadie le dio razón de él. Lo buscaron en el río Magdalena pero tampoco hallaron ningún rastro. Guillermina sabía que sería difícil encontrarlo porque si solo hubieran querido asesinarlo habrían dejado su cuerpo en algún lugar visible. Mientras ella y su familia empezaban la búsqueda de Ramiro, un grupo de hombres llegó hasta su casa, saqueó todas sus pertenencias y se llevó todas las fotos que había de él.

Fueron cinco días de intensa búsqueda, sin probar bocado y en una constante angustia por saber la suerte de Ramiro. La incertidumbre terminó al martes siguiente, cuando un señor les avisó que había encontrado un cuerpo en el maizal de su finca, en un sector conocido como la Isla Linares, por los lados de Antioquia. Era el cuerpo de Ramiro.

“A él lo torturaron”, afirma Guillermina. Explica que cometieron con él los peores vejámenes que alguien pueda hacerle a un ser humano. Cuenta que fue torturado en la tarde del 30 de marzo, a la misma hora en que su hija se durmió. Al menos eso fue lo que le aseguró una persona que supo de primera mano lo que había ocurrido aquella tarde.

La denuncia de la desaparición y posterior asesinato de Ramiro llegó hasta la Procuraduría pero las investigaciones nunca avanzaron. Han pasado 31 años y el crimen de Ramiro sigue en la absoluta impunidad. “El caso está cerrado por falta de más pruebas”, denuncia Guillermina. “Pero lo más duro, lo más triste en este momento, es darme cuenta que él está vigente para el Estado, que no está muerto pues no está completamente identificado”.

A pesar de las amenazas y la persecución, desde entonces Guillermina no ha dejado de trabajar en la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de justicia para su caso y para las miles de personas que no saben qué pasó con sus seres queridos. Ese impulso fue el que le dio la fuerza suficiente para ayudar a crear varias asociaciones de víctimas en Santander, con el objetivo de denunciar y visibilizar a los desaparecidos, esos que sus familias lloran en silencio.

“Mi búsqueda es la verdad y la justicia, más que cualquier otra cosa. Y buscar que no se repitan los hechos”, afirma. 

Antes de terminar la conversación, Guillermina recuerda la pregunta que durante muchos años, y no con poco dolor, le repitió su hija: “Por qué las personas son tan malas y me le hicieron esto a mi papá. Si hubiese hecho algo malo, lo hubieran metido a la cárcel y en unos años habría salido. ¿Por qué lo tenían que matar?”

“Esa es la pregunta que ella siempre se ha hecho”, concluye Guillermina.

 

Desaparición, un fenómeno vigente en Colombia

En 1970 se registraron las primeras desapariciones en Colombia. Buena parte de ellas, según reveló el Centro Nacional de Memoria Histórica, han sido producidas por actores estatales.

“El número de desapariciones forzadas en las cuales hay responsabilidad de agentes estatales es abrumadoramente mayor que las que producen otros actores”, aclara Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Adriana Arboleda, coordinadora del Programa de Víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, también sostiene que la desaparición forzada estuvo coordinada directamente por organismos de inteligencia y del ejército del país. “Casi todos los casos que se tienen de los años 70 y 80 comprometen a las brigadas del ejército y estaban dirigidas contra militantes de izquierda del Partido Comunista, de organizaciones campesinas, de organizaciones de izquierda y también contra militantes de agrupaciones insurgentes que hacían trabajo político en las ciudades”, asegura.

Pero no solo el Estado ha sido responsable de las desapariciones. Otros actores como las guerrillas también han implementado este delito en sus estrategias de guerra. Sobre ello es poco lo que se sabe, poco lo que se ha investigado.

“Hay reclamos de desaparecidos también de la guerrilla. Lo que pasa es que efectivamente están menos documentados”, manifiesta el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Lo mismo piensa Adriana Arboleda, quien conoce testimonios de organizaciones y víctimas que señalan a la insurgencia como la responsable de la desaparición de sus familiares. “Es un tema que se debe investigar”, complementa.

Lo paradójico es que lejos de desaparecer, este fenómeno sigue vigente como estrategia de guerra de combos urbanos y de otros nuevos actores armados que siguen emergiendo en el país. Ahora no solo son objeto de desaparición los militantes de izquierda o de organizaciones campesinas. Según Adriana Arboleda, la desaparición forzada se ha convertido en una modalidad de control social que funciona para cualquier tipo de ciudadanos, “sobre todo de aquellos que sean vistos por los actores neoparamilitares que están en los territorios como sospechosos o como no agradables para el ambiente”. Entre ellos, señala la investigadora, está la población LGTBI, las mujeres que ejercen la prostitución o las jóvenes que se nieguen a acceder a reclamos de tipo sexual de grupos armados.

¿Por qué sigue siendo tan efectiva esta estrategia de guerra que los analistas consideran como una de las peores violaciones a los derechos humanos? Para Adriana Arboleda es claro: Suena terrible pero resulta económica y políticamente más eficaz para los victimarios. Un muerto siempre será un escándalo, una pista; si no tenemos cadáveres, si no tenemos el rastro de la persona, entonces ese mecanismo de impunidad opera al cien por ciento y favorece al victimario”, concluye.